Un fallo emitido en el mes de julio, pero que tomó relevancia en las últimas horas, dictaminó que el ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, la ex ministra de Seguridad de la Nación María Cecilia Rodríguez, y el ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, no tienen culpabilidad en el fatídico episodio que en diciembre de 2013 protagonizó Córdoba tras el acuartelamiento de policías y los subsiguientes saqueos que dejaron la ciudad sitiada.
El fallo fue firmado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti. El documento resuelve que Berni, Rodríguez y Capitanich fuesen sobreseídos en la investigación por la supuesta falta de respuesta frente a los pedidos -no acreditados finalmente- de auxilio de funcionarios cordobeses durante el acuartelamiento del cuerpo policial.
La Justicia Federal concluyó que “(…) no se encuentra acreditado el efectivo conocimiento por parte de los funcionarios del Estado Nacional del requerimiento de las autoridades de la Provincia de Córdoba (…)”.
En otro apartado Capuchetti sostiene que “para la configuración del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, debe acreditarse a cargo de los funcionarios imputados el dominio real de las condiciones de acaecimiento del hecho ante el ejercicio de una competencia clara y específica, que se encuentre fundada en ley e imputable a título de dolo”.
“Para atribuirles la omisión de sus deberes a los funcionarios, deben haber tenido la efectiva posibilidad de realizar la conducta adecuada, y teniendo capacidad para llevarla a cabo, intencionalmente no la realizaron (dolo)”, dijo la jueza.
Así, Capuchetti concluyó que durante el proceso judicial “no se encuentra acreditado el efectivo conocimiento por parte de los funcionarios del Estado Nacional del requerimiento de las autoridades de la Provincia de Córdoba, y a consecuencia de ello no se observa la realización de procedimiento previo alguno –intervención del Comité de Crisis-, lo que impide la configuración del tipo”.
Cabe recordar que en aquél 2 de diciembre un numeroso grupo de efectivos de la Policía de Córdoba (un centenar, aproximadamente), se apostaron en la sede de CAP de Barrio Cerveceros, mientras una gran cantidad de esposas y parejas de estos oficiales impedían que las patrullas se retiraran del lugar. Estaban reclamando un incremento salarial que llevara el básico a $13.000. Mientras tanto, el entonces gobernador José Manuel de la Sota se encontraba en un viaje diplomático en Panamá.
Ante la falta de policías en la ciudad, delincuentes aprovecharon para saquear en todos los puntos que se pudo: supermercados, comercios, transeúntes, automovilistas. La situación provocó una ola de violencia por parte de los ladrones contra los locales, y la respuesta de los vecinos fue con agresividad: se organizaban para salir a capturar y golpear a los criminales. En ese contexto, se suspendió el transporte público, bancos y estaciones de servicios cerraron y no se dictaron clases en ningún nivel educativo.
