Alberto Fernández derogó el decreto que ordenó la intervención de Vicentin

El mandatario nacional anunció la inmediata implementación de la medida este viernes a través de las redes sociales.

“El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”, remarcó a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, señaló que el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo.

“Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”, enfatizó el jefe de Estado.

La noticia se da a conocer luego de que el Gobierno de Santa Fe diera por concluída la negociación para la conformación del fideicomiso que buscaba darle continuidad a la operatoria de la cerealera. Esto tuvo lugar luego de que no se alcanzar un acuerdo con los directivos de la empresa en la segunda reunión de conciliación de las partes convocada por el juez del concurso de la agroexportadora, Fabián Lorenzini.

Para Fernández. la intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a la compañía como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial.

“En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, indicó el mandatario en ese sentido.

Y anunció: “He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.

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