A dos años y medio de su desaparición física el mundo sigue conmovido por el fallecimiento de Diego Maradona. Hasta el día de hoy no están del todo claras las causas que llevaron al trágico desenlace, y se acusa a las personas a cargo de su bienestar de no obrar de la manera correcta.
Este miércoles la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ratificó la elevación a juicio oral y público para los ocho profesionales de la salud acusados de la muerte del crack argentino. La carátula del caso es de “homicidio simple con dolo eventual”, delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años de cárcel.
El principal acusado Leopoldo Luque neurocirujano y médico personal de Maradona, quién firmó la externación de la Clínica Olivos para llevarlo a la internación domiciliaria. Se lo culpa de no propiciar la debida atención médica, no garantizar el debido seguimiento con controles y estudios cardiológicos, e ignorar los claros signos que anunciaban el riesgo de muerte. Además del homicidio, se encuentra imputado por “uso de documento privado adulterado” por pedir una historia clínica Maradona con una firma falsificada de su paciente.
Otras de las implicadas más complicadas es la psiquiatra Agustina Cosachov, acusada de que teniendo conocimiento de la patología cardíaca del ex jugador, no aseguró la correcta administración de la medicación y psicotrópicos, desentendiéndose de los efectos adversos. Se la agrava por ser la responsable del “apartamiento expreso de los acompañantes terapéuticos”, y se la acusa de haber omitido “encargarse personalmente de la reanimación del paciente”.
Los demás profesionales de la salud imputados son Carlos Ángel Díaz, psicólogo; Nancy Edith Forlini, coordinadora de la prepaga para la internación domiciliaria de Maradona; Pedro Di Spagna, médico clínico; Mariano Perroni, jefe de enfermeros; y los enfermeros Ricardo Almirón y Gisella Madrid.
La autopsia estableció que Diego murió aquel 25 de noviembre de 2020, a sus 60 años, como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada” y descubrieron en su corazón una “miocardiopatía dilatada”. Maradona se encontraba en su casa ubicada en el barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba una cuestionada internación domiciliaria por su adicción al alcohol y luego de haber sido sometido a una neurocirugía.
Las defensas habían apelado al tribunal para cambiar la carátula de la causa por la figura del homicidio culposo, con una pena menor de 1 a 5 años de cárcel, pero los jueces de la Cámara avalaron la Junta Médica, lo que complicó a los ocho responsables de la salud imputados y rechazó los sobreseimientos y el cambio de calificación.
El juez Herbel votó a favor de la elevación a juicio oral y argumentó: “La fiscalía inicia su imputación indicando quienes se encontraban a cargo de la atención del paciente, ubicando en tiempo y lugar la situación apuntada, para luego referirse específicamente a cómo fue el desempeño de cada uno de ellos, según los roles asumidos, estableciendo de qué modo sus inconductas determinaron la muerte de Maradona”.
