En un nuevo capítulo del conflicto entre Talleres y la Liga Cordobesa de Fútbol que parece no tener fin, la IPJ respaldó el reclamo del club y estableció que la LCF no cumplió con los procedimientos establecidos en su propio estatuto.
En consecuencia, la entidad que fiscaliza a las asociaciones civiles decretó la ilegalidad de las sanciones impuestas al club causando graves perjuicios y vulnerando los derechos de sus jugadores y jugadoras. Ante esto, Talleres solicita que la Liga Cordobesa de Fútbol: regularice la situación, levante de modo urgente todas las sanciones irregulares, valide los puntos ganados en el campo de juego, se dejen sin efecto los descensos resueltos en los escritorios, se habiliten trámites administrativos y se reprogramen los partidos no jugados.
Recordemos que durante el 2021, Talleres no sumó puntos en ninguno de los partidos jugados en todas sus categorías que participan de la LCF, y descendió a la B luego de no presentarse a la reválida ante el CIBI.
Comunicado completo del club:
“La entidad que fiscaliza a las asociaciones civiles, estableció que la Liga Cordobesa de Fútbol, NO ha cumplido con los procedimientos establecidos en su propio Estatuto al aplicar sanciones disciplinarias al Club. Estas sanciones arbitrarias han violentado procedimientos legales institucionales de la propia LCF, y al mismo tiempo, han vulnerado derechos y libertades constitucionales esenciales de jugadores y jugadoras.
Luego de reiteradas intimaciones de la entidad de fiscalización, a la Liga Cordobesa de Fútbol (LCF), requiriendo documentación respaldatoria, la Resolución del 3 de enero de 2022 de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), establece la ilegalidad de las sanciones impuestas de modo irregular, las cuales han causado evidentes daños a niños, niñas y adolescentes, y también graves perjuicios institucionales a lo largo de todo este tiempo.
Ante esta ilegalidad, solicitamos públicamente que la Liga Cordobesa de Fútbol regularice esta situación; levante de modo urgente todas las sanciones irregulares; valide los puntos ganados por nuestros equipos en el campo de juego; se dejen sin efecto los descensos resueltos en los escritorios; se habiliten trámites administrativos y se reprogramen los partidos no jugados.
La Resolución de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas del Gobierno de la Provincia de Córdoba, es un nuevo respaldo a la posición del Club, que se suma a las expresiones de la Justicia de Córdoba acompañando la posición de Talleres.”
