Hace más de diez años otro caso de muertes de bebés en hospitales estremecía a Córdoba. Mucho antes del horror del Neonatal, entre 2011 y 2013, se registró la muerte de 18 bebés en la Clínica Sanagec. Una investigación inició y se imputó a cuatro autoridades del nosocomio: el director médico Ricardo Chercoles, el jefe de neonatología José Paisani, la jefa de terapia intensiva María Eugenia Feo y el jefe de pediatría Ricardo Manzur.
Sin embargo, nadie fue preso y la causa está al borde de prescribir. Rubén Caro fue el fiscal que llevó adelante el proceso y solicitó que se archive la causa. En 2018 la Cámara de Acusación confirmó lo actuado por la jueza de Control Anahí Hampartzounian, quien se opuso a esta medida. Luego le pidieron a Caro investigar más a los acusados. En una instancia anterior, Hamparzounian y el fiscal de la Cámara Jorge Leiva habían coincidido de que Caro debía formular las imputaciones e indagar antes de que la causa prescribiera. Ahora la investigación está en manos del fiscal Tomás Casas, pero todavía no hizo nada al respecto.
Ahora, desde el Partido Encuentro Vecinal Córdoba, le piden al Fiscal General de la provincia de Córdoba, Juan Manuel Delgado, que intervenga para culminar la investigación antes de que prescriba y las 18 muertes queden impunes. El documento, firmado por el concejal Juan Pablo Quinteros y el referente Aurelio García Elorrio, tacha de ‘inadmisible’ la situación en que se encuentra el caso.
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“Solicitamos al Fiscal General de la Provincia que ejerza todas y cada una de las atribuciones que la legislación le otorga para defender el interés público, instruir a sus inferiores a los fines de que la causa no prescriba o, en el caso de que la misma se encontrase prescripta, investigue respecto de las eventuales responsabilidades funcionales de los fiscales intervinientes (Dr. Rubén Caro – Distrito 1 Turno 4- primero y luego de su apartamiento el Dr. Tomas Casas -Distrito 2 Turno 7 -) y actúe en consecuencia conforme a su responsabilidad institucional”.
Quinteros finaliza: “Sería inadmisible, y de una gravedad institucional inusitada, que el proceso se encuentre prescrito por un negligente accionar judicial. A la angustia de la muerte de un hijo no podemos permitir que se le agregue también que todo quede en el marco de la impunidad”.
